Hace unos años en un cruce carretero entre Puebla, Tlaxcala hacia Veracruz un policía de caminos dormitaba en su vehículo con una rendija en la ventanilla para que los camioneros depositaran su óbolo, ay de aquel que se lo saltara.
A un empresario le enviaron mercancía por tierra hacia la frontera y le advirtieron que tuvo suerte que esta llegara sana y salva y sin pago de extorsión. Los criminales realizan prácticas establecidas por la autoridad formal.
En Jalisco quieren crear una nueva policía, tendencia lo que reafirma la noción de que el problema es la policía y que a los ojos gubernamentales justifica la creación de nuevas policías.
Un juez protege a un empresario acusado de pederastia, el es muy cercano a un gobernador. Los medios denuncian redes de trata de personas que van en ascenso gracias al apoyo político y judicial a la pederastia.
La gente no confía en las policías, el gobierno no confía en sus policías aunque las usan como instrumento represor y las policías hacen lo posible para evitar ser supervisados. Algún avezado dirá que el problema es la corrupción y será correcto, aunque estructuralmente el problema está en la filosofía sobre el crimen y castigo.
Hace unos años pensaba que ciertas dimensiones del delito se podían atacar separadamente pero ahora domina el crimen autorizado, que consiste en la condición en la que los criminales se asocian con el Estado, lo cual redimensiona los efectos económicos, sociales y políticos del crimen y de las instituciones encargadas de combatirlo.
La policía estaba pensada para actuar contra el crimen al menudeo, individuos delincuentes y pequeñas pandillas, así la policía administraba el delito, pero el crimen creció de la mano de las fuerzas legales que aprendieron a manejar el crimen al mayoreo. Así encontramos una línea que amarra desde la policía que incorpora maleantes para hacerles el trabajo sucio (madrinas), policías que se convierten en sicarios o que abiertamente los asisten; militares que voltean la mirada ante el crimen como en Ayotzinapa, o protegen las rutas del tráfico de drogas; jueces que encuentran los recovecos de la ley para no sancionar criminales; y políticos (y sus familiares) que toman decisiones que ayudan a consolidar el manejo de grandes cantidades de drogas, en muchas ocasiones asistidos por bancos. Esta lista no es exhaustiva. Por eso hablar de limpiar a las policías es una ficción que facilita la explotación del crimen.
Por eso que no se ha atacado de raíz el secuestro, que sale en buena medida de las cárceles, que son administradas por criminales, en las bandas de secuestradores hay policías en activo o en retiro.
La elevada deserción en el ejército y militares que se pasan a las filas del crimen, explica las tácticas de las bandas y el acceso a armamento especializado para la matanza masiva, es el caso escandaloso de los Zetas, entrenados en Estados Unidos.
En la filosofía del castigo se reconstruye una policía nacional (y estatal) reforzando las capacidades represivas en lugar de buscar formulaciones pacíficas para conflictos sociales. Si el indicador evaluatorio es la reducción de la criminalidad, garantizar la seguridad pública o generar una sensación de seguridad ante la población, el resultado es negativo. Los esfuerzos de moralización policíaca están condenados al fracaso porque son un efecto no la verdadera causa del deterioro. No es un problema moral es un problema social, político y económico. Brutal que un procurador cándidamente reconozca la incapacidad para controlar policías o que no se pueda terminar con “la hermandad” que garantiza la cultura del abuso y la corrupción.
Las policías vigilan oficinas públicas, cuidan funcionarios y protegen bancos y empresas que ni siquiera pagan impuestos, en lugar de cuidar a la gente, mientras las causas de la inseguridad continúan intocadas. Durante años las intervenciones policíacas y militares en Ciudad Juárez no cerraron los picaderos –operación de drogas al menudeo-. Ni frenaron las ejecuciones entre narcotraficantes o como operativos “de limpieza” gubernamentales.
La policía y el ejército buscan ser medios de movilidad social y se alimentan de gente despojada de oportunidades. La noción es buena pero mal manejada, porque las instituciones gubernamentales no puede ser islas y refugio para pobres que aprenden muy rápido a abusar de la autoridad, como si fuera una especie de revancha social.
Entre el abuso hay Gente detenida y encarcelada con acusaciones falsas para cumplir con cuotas. Muchos permanecen encarcelados por años sin sentencia. Al parecer hay miles de inocentes presos acusados por un detector molecular que está prohibido en varios países y que en México se compró en cantidades exorbitantes. Por supuesto hay gente encarcelada porque el que paga manda. El gobierno ha reconocido el problema, hay una ley de amnistía que no avanza con celeridad para corregir tantos años de abuso. Pero mientras los inocentes se pudren en la cárcel y sus familias se empobrecen más para pagar su protección y sobrevivencia en las cárceles, los maleantes siguen haciendo de las suyas.
La pobreza es campo propicio para el abuso, mientras más pobre se es más posibilidad existe de ser víctima. Resolver la pobreza ayudará sin duda para proteger a la sociedad, aunque la sociedad ya se organiza precariamente para auto defenderse, pero es insuificente para corregir la distorsión estructural que nos llevó a la situación actual.