1. En un hecho sin precedentes, se pretende anular una elección que fue organizada por un órgano ciudadano e independiente, celebrada el mismo día que otras elecciones concurrentes en las que Morena obtuvo triunfos que no han sido cuestionados, a pesar de haber sido declaradas esas victorias por los mismos ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla y que, bajo procedimientos iguales, contaron los votos de la contienda para gobernador de Puebla.

2. La elección a gobernador ha sido una de las votaciones más auditadas en la historia del país. En seis ejercicios distintos donde se contaron los votos de manera total o parcial, se comprobó una y otra vez que los ciudadanos contaron bien los sufragios y que la autoridad electoral estatal ejerció la debida cadena de custodia, porque los resultados en cada uno de esos conteos son consistentes entre sí y corroboran el registrado por los funcionarios de casilla al término de la jornada electoral. Es decir, desde la noche de la elección celebrada el primero de julio, hasta el conteo “voto por voto, casilla por casilla” ordenado a finales de septiembre, la victoria de la candidata de “Por Puebla al Frente” siempre fue por un margen superior a los cien mil votos sobre el aspirante de Morena.

3. En un acto indigno, el magistrado Vargas intenta confundir al pleno del Tribunal Electoral con el falso argumento de que se violó la cadena de custodia de la documentación electoral. El proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica: el propio magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos por la candidata panista entre el primer cómputo y el recuento total que hizo el mismo magistrado Vargas con decenas de funcionarios del Poder Judicial Federal.

4. El proyecto de nulidad del magistrado Vargas viola el principio de la carga de la prueba, presuponiendo que los paquetes fueron violados sin existir prueba que indique que así ocurrió. En materia electoral, las irregularidades en una elección para proceder a su anulación, deben ser graves, dolosas, y determinantes para el resultado de la elección, lo que en el caso de la elección de Puebla no se actualizan.

5. Hace unos días la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma legal para despedir al magistrado Vargas de su cargo en el Tribunal Electoral. El proyecto de anulación del proceso electoral de Puebla es una manifestación indiscutible de ello. La ley no puede quedar secuestrada por el interés de halagar al poder entrante. Se debe respetar la voluntad legal, legítima y genuinamente expresada en las urnas. Apelamos a que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permitan este atropello.