El delito de aborto es una figura jurídica que vincula el pasado, presente y el futuro de la preservación de la vida, de la persona humana y sobre todo de la dignidad de aquellos que no tienen voz para ser representados en esta legislatura.
Mariana Igartua Pérez Allende, Presidenta de la Fundación, manifestó: “Acudimos a la representación del pueblo, es decir, al único poder que no es gobierno, que es el pueblo constituido en la voluntad de las mayorías, donde se escuchan no solo a estas sino a las minorías, para rechazar categóricamente la legalización del aborto en Puebla”.
Afirmó que los derechos humanos no son negociables y están por encima de los consensos democráticos.
“Pareciera irónico que los supuestos estados más democráticos y más avanzados son aquellos que permiten la destrucción de la vida y la familia, aquellos que permiten el cambio de la naturaleza, aquellos que bajo el concepto de la libertad destrozan el orden natural, el progreso y sobre todo vulneran a los más débiles”, declaró.
Al venir aquí y presentar este escrito estamos siendo responsables en el presente para evitar que en el futuro miles de generaciones sean asesinadas y que bajo el cambio de una legislación, que es una norma humana se destruya la vida que es un milagro que se produce y se manifiesta en beneficio de todos, “el estado no otorga la vida solo la reconoce y protege” no queremos que haya políticas públicas destructivas de la vida, de la dignidad, de la niñez y de la familia, queremos leyes que protejan a la mujer, a la mujer a lo largo de todo el embarazo y que obliguen al varón a cumplir con responsabilidad no solo paterna sino del propio ejercicio de su sexualidad.
A través de esta justicia que duerme, a través de la violación de los principios de investigación objetiva y exhaustiva el doctor José Miguel González Mroeno goza de impunidad debido a que el fiscal, Víctor Antonio Carranca Bourget no dio cumplimiento a la denuncia presentada hace dos años por el caso de la menor Paola Donaji, quien fue víctima de un aborto provocado en la semana 20 de gestación; entre otros once abortos conocidos sin saber cuántos más ha realizado en forma absoluta en la Clínica de Especialidades Médico Quirúrgica de Puebla.
Como parte de la función de este órgano legislativo y como está previsto en la 2da fracción del artículo XIX y 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, gire oficio al Fiscal General del Estado para que informe que hizo el año 2016 al recibir la denuncia turnada sobre el caso de aborto provocado a Paola Donají, actualmente sigue siendo menor de edad.
Señaló que estaremos pendiente para que el caso de Paola Donajin no se quede el olvido.
Finalmente comentó que bien harían las sociedades y colegios médicos de ginecoobstetras, pediatras, genetistas y en especial la Academia Nacional de Medicina, misma que siempre ha fungido como asesora en temas médicos del Gobierno Federal, en pronunciarse sobre el Derecho a la Vida.
