Acompañado por el subsecretario de Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz, subrayó que de las casi 6 mil unidades de transporte público que hay en la zona metropolitana, fueron 67 unidades - propiedad de los hermanos Ariadna y Alfonso Galicia Cruz y José Luis Barrientos- las que dejaron de prestar el servicio, bloquearon el paso de otras rutas e incluso vandalizaron vehículos poniendo en riesgo la integridad de los usuarios, por lo que los afectados realizaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 

En este sentido, indicó que ya se tiene prevista la entrada en operación de unidades de otras líneas para cubrir las zonas donde los concesionarios inconformes se nieguen a prestar el servicio, además de que se iniciará el proceso de revocación de concesiones en caso de ser necesario. 

El subsecretario Vivas Arroyo lamentó que los transportistas se manifestaran afectando a los ciudadanos y desconocieran los acuerdos que ya habían aceptado en las mesas de trabajo realizadas a principios de año, en las que se determinó no incrementar la tarifa del transporte y reducir los costos de trámites y servicios, entre los que se incluyen la licencia de conducir, las capacitaciones de choferes y el cambio de vigencia de concesiones, que pasaron de ser de diez años a vitalicias.

Aseguró que el gobierno del estado estará abierto para platicar en cualquier momento, siempre y cuando se privilegie el bienestar de los usuarios.