Se tienen abiertos 39 expedientes en los cuales se están investigando hechos probablemente constitutivos de alguna falta prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de los cuales en 32 se investigan hechos relacionados con la probable comisión de faltas administrativas graves; esto, en independencia de los 579 expedientes que se encuentran abiertos en los Órganos Internos de Control (OIC) y en los cuales también se investigan hechos cometidos en el mismo rubro, en relación a las 644 denuncias por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores públicos de pasadas administraciones.

En cumplimiento a la Ley del Notariado, que regula la organización y eficacia jurídica del instrumento notarial, se realizó una revisión exhaustiva a 29 notarías del estado que fueron otorgadas durante la Administración 2011-2017, de las cuales, se anuló la Patente de Notario a 21 por haber sido expedidas de forma irregular.

Por otra parte, se presentaron juicios de nulidad administrativa, correspondientes a la venta de inmuebles que realizaron administraciones anteriores a particulares, y cuyo monto de afectación al patrimonio de las y los poblanos fue de más de mil millones de pesos.

En lo que refiere al sistema de recaudo de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), se detectaron fórmulas para pago en beneficio de los concesionarios; durante su ejecución y puesta en marcha, se presentó información con sobre costo en la inversión reportada por la empresa de recaudo y en la operación se informaba de manera incompleta los recursos recaudados, estimando una pérdida por un monto mensual de hasta 40 millones de pesos. Esto tuvo como consecuencia que, el Gobierno de Puebla tuviera que erogar recursos significativos para la operación, volviéndolo un sistema de transporte incosteable; por lo tanto, se llevaron a cabo los procesos de intervención de las Líneas 1, 2 y 3, dando pauta al inicio del proceso de transición hacia un nuevo sistema de recaudo, eficaz y transparente.

También se detectaron irregularidades en la expedición de títulos profesionales, mimas que fueron notificadas al OIC del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP). En este sentido, se han presentado 26 denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de ex-alumnos, entre ellos, servidores públicos, por su presunta participación del hecho que la ley señala como “uso de documento falso”, y que a su vez se remitieron a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en el Estado de Puebla.