La medida adoptada de Barr se anunció días después de que el demócrata Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en las urnas, y plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia y sus recursos para tratar de impugnar el resultado. La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada.

Trump no ha reconocido su derrota, y en su lugar afirma, sin pruebas, que ha habido una conspiración multiestatal de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden.

Los funcionarios electorales de ambos partidos políticos han declarado públicamente que la elección salió bien, aunque ha habido cuestiones menores que son típicas en las elecciones, incluyendo fallas en algunas máquinas de votación y votos que fueron mal emitidos y perdidos.

En un memorando dirigido a los fiscales federales, Barr escribió que las investigaciones “pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”.

Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas electorales, incluyendo recuentos e impugnaciones judiciales sobre los resultados. Los miembros del Colegio Electoral se reúnen el 14 de diciembre para formalizar el resultado.