“Aunque en otros países estas leyes ya son una realidad, en México, los creadores de contenido e ‘influencers’ tienen completa libertad para abusar de la confianza de sus seguidores para generar ganancias y recibir beneficios sin tener que transparentar sus relaciones comerciales disfrazadas de ‘recomendaciones’”, señalan las organizaciones.

De igual manera, las organizaciones piden tanto a los legisladores como a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que con la Ley Influencer se garanticen los siguientes cinco puntos:

1.       Definir la publicidad con creadores de contenido e “influencers” como el acto por el cual un “influencer” o creador de contenido recibe una contraprestación, sea en dinero, especie u otros beneficios (la entrega de productos, créditos o tarjetas de regalo, hospedajes, viajes o invitaciones a eventos, por ejemplo) a cambio de otorgar servicios de difusión, recomendación o promoción a través de sus perfiles en redes sociales.

2.       Obligar a “influencers” y creadores de contenido a transparentar la publicidad de forma explícita, inmediata y adecuada, por ejemplo, a través del uso del hashtag #publicidad y/o utilizando lenguaje que deje en claro el motivo comercial de las mismas.
Poner en marcha, en conjunto con Tec-Check, What The Fake y Los Supercívicos, campañas de sensibilización para que la población consumidora se entere sobre los riesgos y estafas de publicidad e información engañosa que ocurren en redes sociales a través de “influencers” y otros perfiles.

3.       Brindar, en conjunto con Tec-Check, What The Fake y Los Supercívicos, capacitaciones a “influencers” y creadores de contenido sobre la importancia y obligación de transparentar la publicidad que realizan.

4.       Otorgar la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la ley a una organización de la sociedad civil, independiente de los intereses particulares de la industria. De esta forma, la PROFECO podría enfocarse más en investigar y sancionar infracciones a la Ley (una de sus principales tareas como Procuraduría).

5.       Generar certeza legal para “influencers” y creadores de contenido, así como para las empresas que realizan campañas de promoción con este tipo de perfiles.