Durante la presentación del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, desarrollado por la organización World Justice Project (WJP), el coordinador de la Bancada Naranja en el Senado de la República, Clemente Castañeda, planteó seis propuestas fundamentales para fortalecer el Estado de Derecho en el país y sus entidades federativas.

“La ley no es ningún cuento, como justamente nos lo explica el informe. Me parece que uno de los temas a explorar tiene que ver con el compromiso de los titulares de los poderes públicos, los oficiales electos, los servidores públicos para con el cumplimiento de la ley. Lo que valdría la pena revisar es por qué en este país para muchos funcionarios se ha hecho mucho más rentable no cumplir la ley, que cumplirla”, expresó el senador.

El senador Castañeda planteó seis propuestas para la construcción de una agenda conjunta en la Senado de la República:

Fortalecer las capacidades de fuerza de las policías locales.
Garantizar la plena autonomía de las fiscalías locales y evitar los fiscales carnales y el abuso de autoridad.
Revisión puntual de la implementación o consolidación de los sistemas anticorrupción locales.
Transparencia en las adquisiciones gubernamentales para que en los procesos de compra la licitación pública sea la regla y no la excepción.
Revisar y, eventualmente, acotar el mecanismo de prisión preventiva, pues ésta no ha funcionado para reducir la violencia ni para combatir la impunidad.
Aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está pendiente desde el sexenio pasado, y que podría contribuir a tener reglamentación única en la materia.
 

En el evento realizado en la antigua sede del Senado, en el Centro Histórico de la CDMX, el coordinador parlamentario agregó que el nulo avance que se ha tenido en la materia también se ve reflejado en el debilitamiento de los contrapesos locales, la descomposición de las instituciones autónomas, los abusos de poder por parte de algunos gobernadores como el de Veracruz, y la pérdida de espacios de la sociedad civil. De igual manera, la falta de inversión para la profesionalización de los sistemas de justicia locales y la falta de recursos para la adecuada operación de los sistemas anticorrupción en los estados.