Como parte de la exposición, la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, sostuvo que la iniciativa es para en la Ley se establezca que se brinde “de manera vitalicia, un tratamiento farmacológico de inhibición sexual” al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una persona. Esta misma sanción se propone cuando la violación o su equiparable sea cometida con intervención de dos o más individuos.

Explicó que a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a siete de cada 10, por lo que señaló que la violación es uno de los delitos sexuales más crueles que debe ser castigado con severidad, por lo que esta inyección inhibiría los deseos sexuales del responsable y se trata de una medida que ya se aplica en otros países para castigar este mismo delito.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

A través de un punto diferente en el orden del día se dio lectura y turno a la iniciativa por la que se reforman las fracciones LXIII y LXIV y se adiciona la fracción LXV al artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal.

Al respecto, el diputado Emilio Maurer Espinosa, señaló que especies como las abejas están al borde de la extinción, por lo que es necesario incorporar, como facultad y obligación de los presidentes municipales, promover la cultura de protección, preservación y cuidado de los polinizadores con el objetivo de sumar esfuerzos entre sociedad y autoridades para revertir la pérdida de polinizadores, puesto que estos son indispensables para conservar la biodiversidad y, por ende, la humanidad.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

En un momento diferente del orden del día la Mesa Directiva dio lectura al dictamen por el que se reforma el artículo 284 Bis del Código Penal del Estado. Como parte de la exposición, el diputado Nibardo Hernández Sánchez, expuso que la iniciativa busca incorporar como agravante el supuesto en el que la violencia familiar sea ejercida en contra de una mujer embarazada se contemple que la pena señalada en el Código Penal aumente hasta en una tercera parte, igualmente, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años.

La iniciativa de decreto fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

A través de un punto diferente en el orden del día, se dio lectura al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, en materia de Sistemas Municipales Anticorrupción.

En este sentido el diputado Oswaldo Jiménez López señaló que la corrupción está presente en los tres niveles de gobierno por lo que es necesario ayuda a erradicarla con una serie de herramientas y destacó que dentro de la ley de establecer la necesidad de mecanismos de colaboración y que dentro del ámbito municipal se establezca un sistema anticorrupción.

El dictamen fue turnado a comisiones unidas de Asuntos Municipales y de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución procedente.

En otro momento del orden del día, se dio lectura al dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado. Al respecto la diputada Bárbara Morán Añorve expresó que la propuesta tiene que ver con esclarecer la sanción civil y penal en la que el deudo alimentario intente ocultar o cometer algún fraude que permita inhibir su obligación.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión se dio lectura al dictamen por el que se reforma la fracción XXXVI del artículo 6 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla. En este sentido, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz expresó que en el caso de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad, de madre, padre o ambos, originada por feminicidio u homicidio, deberán recibir servicios integrales de atención temprana y tendrán garantizados los servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados, así como de educación y alimentación; hasta alcanzar la mayoría de edad o en caso de que se encuentre cursando sus estudios superiores hasta la obtención de su título profesional y, en su caso, cédula profesional. La atención psicoemocional podrá, en caso de que el tratamiento médico lo considere necesario, extenderse aún entrada la mayoría de edad.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En otro punto del orden del día se dio lectura al dictamen por el que se reforma el artículo 14 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. En este sentido el diputado Miguel Trujillo de Ita explicó que el dictamen tiene que ver con reconocer como violencia de género la imposición de requisitos sexistas en la forma de vestir.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión también se dio lectura de la Memoria que presentó la Comisión Permanente del uso que de sus atribuciones hizo durante su ejercicio del 16 de diciembre del 2020 al 14 de enero del 2021, atendiendo el artículo 62 de la Constitución Política del Estado y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.