A través de las reformas al artículo 108 Constitucional se establece que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común, señaló la diputada Vianey García Romero.

La legisladora consideró que la propuesta del Ejecutivo Federal, avalada por el Congreso de la Unión, busca poner piso parejo para eliminar los privilegios y la impunidad de los gobiernos, al disponer que el Presidente de la República pueda ser juzgado por traición a la Patria y por delitos graves del orden común.

Así como por la comisión de delitos por los que pueden ser acusados todos los servidores públicos, particularmente en hechos de corrupción, delitos electorales, que por su gravedad impliquen un agravio contra la democracia representativa y por lo que pueden ser acusados, tanto servidores públicos como particulares.

Vianey García subrayó que con la aprobación de las reformas Constitucionales se da un paso importante para evitar la justicia selectiva, haciendo responsable al Presidente de la República de  cualquier delito, en cualquier momento, tal como ocurre con todas y todos los ciudadanos.

El Dictamen fue apoyado, en sus intervenciones, por las y los diputados Tonantzin Fernández Díaz, José Armando García Avendaño, Mónica Lara Chávez y Javier Casique Zárate, quienes subrayaron la importancia de las reformas a la Constitución para evitar que las acciones incorrectas de funcionarios públicos queden impunes.

Resaltaron que la eliminación del fuero al Presidente de la República es un paso importante para la consolidación de una sociedad democrática, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, al velar por los intereses de la población que se traducen en el respeto irrestricto al estado de derecho, para que la observancia de la Ley sea para todos, sin distingo de ningún tipo.

En sus posicionamientos, la diputada Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez coincidieron al referir que las reformas constitucionales solo amplían el catálogo de delitos por los que puede ser enjuiciado el Presidente de la República.

En sus participaciones, el diputado Raúl Espinosa Martínez y la legisladora Mónica Rodríguez Della Vecchia externaron su desacuerdo al Dictamen, por las reformas al artículo 111 que estipulan que para proceder legalmente contra el Presidente de la República se debe contar con la aprobación de la Cámara de Senadores.

Con la aprobación de las reformas Constitucionales, Puebla se convierte en la décima entidad federativa en aprobar el Dictamen enviado por el Senado de la República a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales.