El pleno aprobó, con 89 votos a favor y 23 en contra, las reformas a la Constitución que amplían el catálogo de delitos por los que el Presidente de la República podría ser juzgado, entre los que se incluyen la corrupción, delitos electorales y traición a la patria.

Tras alcanzarse un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, la Cámara Alta dio luz verde al proyecto enviado desde San Lázaro en el que se establece que el presidente podrá ser juzgado por actos de corrupción y delitos electorales, en medio de críticas de legisladores del PAN.

No obstante, mantiene el procedimiento de desafuero, en el cual el Senado de la República será el jurado de procedencia para determinar si las pruebas presentadas son suficientes para enjuiciar al mandatario.

En este sentido, el senador por el PAN, Damián Zepeda Vidales, advirtió que esta reforma es una simulación pues, dijo, en los hechos no se está quitando el fuero al titular del Ejecutivo ni se le podrá juzgar como cualquier ciudadano.

Previo a la discusión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, indicó que la oposición aceptó aprobar esta reforma con el compromiso de que se discutirá, de manera paralela, otra iniciativa para suprimir el fuero a diputados y senadores.

Recordó que, si se incluía a los legisladores en el proyecto enviado por la Cámara de Diputados, se tendría que devolver la reforma a San Lázaro, por lo que se decidió hacerlo por “cuerdas separadas”, ya que se tiene el tiempo encima.