Es importante resaltar que dicho reporte evalúa a 176 países con indicadores sobre mortalidad infantil, acceso a la educación, nutrición, protección frente a prácticas perjudiciales como el trabajo infantil, los homicidios y el desplazamiento forzado.

Según el trabajo de investigación, lamentablemente México pasó de la posición 93 a la 96 del ranking mundial. Esto porque las garantías de salud, educación y protección para niñas, niños y adolescentes en México están por debajo de países como Cuba, Chile, Argentina o Perú.

Al señalar que en América Latina y el Caribe, Cuba se mantiene como el país mejor posicionado para garantizar niveles de vida aceptables para los menores de edad, seguido de Chile y Barbados, el documento resalta que, a nivel regional, las tasas de homicidios de niñas y niños creció 8%, tendencia observada desde 2000.

Los países de la región que tienen más deficiencias para garantizar los derechos de la infancia es Guatemala, acompañado de Honduras, Venezuela, Haití y El Salvador.

En el caso de nuestro país, Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children, puntualizó que el descenso de posiciones está relacionado con que en los “tres años consecutivos nuestro país ha mantenido altos índices de embarazos adolescentes y ha registrado un incremento de homicidios en personas menores de 18 años de edad”.

En cuanto al impacto de la violencia registrada en los últimos años como producto de la “guerra contra el narcotráfico”, Save the Children identificó que “ha afectado de manera desproporcional a niñas, niños y adolescentes”, registrándose cuatro homicidios en menores cada día.

Para Nancy Ramírez “el índice (de homicidios) nos revela que la posibilidad de que un niño sea asesinado en México es mucho mayor que en países en conflicto armado como Palestina o Siria”.

La funcionaria consideró que “un plan de gobierno que busca la construcción de paz debe tomar en cuenta las voces de niñas y niños, y establecer estrategias específicamente dirigidas a ellos y ellas porque son quienes están viviendo las peores consecuencias de la violencia en el país”.

Sobre los embarazos adolescentes, situación que para la organización es “una violación a los derechos humanos de las adolescentes y un problema de salud pública”, se ha alzado la voz de alerta desde hace cuatro años sin tener respuesta.

La funcionaria destacó que “desde hace cuatro años Save the Children ha llamado al Estado mexicano para reforzar las estrategias de prevención y atención de embarazos tempranos; no obstante, cada año más de 300 mil adolescentes siguen dando a luz”.

Ramírez agregó que resulta de gran preocupación que en 2017, se registraron 10 mil casos de menores de 15 años que se convirtieron en madres, “que son evidentemente consecuencia de abusos sexuales”.

Save the Children reconoció avances en la disminución de indicadores como la mortalidad infantil, la desnutrición, la deserción escolar y los matrimonios tempranos, aunque la tendencia no es uniforme en toda la población infantil, hay desigualdades en zonas rurales e indígenas.

Ramírez explicó que “es más probable que una niña o niño indígena muera por enfermedades prevenibles, sufra desnutrición, no vaya a la escuela, trabaje desempeñando tareas peligrosas o sea obligada a casarse si es niña o adolescentes”.

Puntualizó que “a pesar de los avances se deben redoblar los esfuerzos para llegar a las poblaciones que han sido históricamente marginadas y excluidas”.

La organización llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a “poner en el centro de las decisiones políticas los derechos de niñas, niños y adolescentes, implementando una política de Estado que garantice el desarrollo pleno, la protección efectiva contra la violencia y la participación activa de la niñez y la adolescencia”.