La reforma defendida por López Obrador buscaba dar mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hubiera limitado al 46 % la participación del sector privado en la generación de electricidad, lo que era rechazado por las empresas privadas.

Con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, tras más de ocho horas de discusión el pleno del Congreso rechazó en lo general la iniciativa de López Obrador.

En el pleno el partido gobernante necesitaba mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que se requerían al menos 332 votos favorables que finalmente no se alcanzaron.

El polémico proyecto de ley enfrentó muchas críticas de grupos empresariales y de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, así como de otros aliados que argumentaron que violaría el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, tratado comercial regional conocido como T-MEC o USMCA.

López Obrador, quien promovió la legislación como vital para sus planes de "transformar" México, argumentaba que el proyecto de ley habría protegido a los consumidores y habría hecho al país más independiente energéticamente.