También serán liberadas las personas que fueron torturadas y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul; las y los adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves, informó el jefe del Ejecutivo.

En conferencia de prensa matutina indicó que estas cuatro acciones formarán parte de un decreto elaborado por la Secretaría de Gobernación que él mismo firmará. Se presentará y publicará en la primera semana de agosto.

Detalló que se seguirá un procedimiento simplificado; la liberación de las personas tiene como fecha límite el 15 de septiembre de este año y la Secretaría de Salud se encargará de realizar los diagnósticos médicos correspondientes.

“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría. (…) La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. ¿Cómo va a estar una persona detenida por más de diez años sin sentencia? Esto lo tiene que atender el poder judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación”, apuntó.

El mandatario refrendó que el Gobierno de la Cuarta Transformación rechaza la tortura, acto que calificó como contrario a los más elementales derechos humanos.

“Queremos dejar claro que, como política de Estado, nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que va a quedar de manifiesto. (…) El Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura. Repudiamos la tortura, no queremos tortura en México. Se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta”, afirmó.

Recordó que en esta administración la Secretaría de Gobernación tiene una nueva función: la protección de los derechos humanos y de la justicia, ya no la del autoritarismo y la represión al pueblo de México.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que en el país hay un total de 220 mil 114 personas privadas de su libertad, de las cuales, 94 mil 547, el 43 por ciento, todavía no reciben sentencia.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que dejar en libertad a cualquier persona que haya sido víctima de tortura y castigar a los torturadores es una nueva política que está impulsando el actual gobierno desde su inicio.

Consideró que “hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para evitar delitos como la tortura y peor aún: en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables”.