Los aumentos en el kilogramo de la tortilla pudieron haber sido incitados por estas agrupaciones, a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, al promover entre sus afiliados la manipulación del precio, expuso la COFECE.

La Autoridad Investigadora de este órgano regulador exhortó a los dirigentes de estas asociaciones a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios, y fomenten y vigilen que sus afiliados tomen decisiones de comercialización y de precios de venta de manera estrictamente individual.

La coordinación o intercambio de información entre agentes económicos competidores para establecer precios constituyen prácticas monopólicas absolutas, y pueden ameritar multas por 10% de los ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo, e, incluso, las personas físicas participantes del acuerdo podrían enfrentar responsabilidad penal sancionable con cinco a 10 años de prisión y con multas que van de mil a 10 mil UMAs, equivalentes a 868 mil 800 pesos.

Explicó que los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir, que cuando exista un aumento en el precio de los insumos para la producción de tortilla la decisión de aumentar o no el precio de la tortilla debe ser de cada tortillería, pues hacerlo de manera coordinada con sus agremiados implicaría violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

Expuso que, en caso de haber participado en acuerdos contrarios a la LFCE, los agentes económicos pueden adherirse al Programa de Inmunidad mediante el cual obtendrían, a cambio de su total y plena colaboración, una reducción de las sanciones aplicables, incluida la responsabilidad penal.