En un comunicado, señalaron que el ex mandatario jugó un “papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo que puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales”.

Durante su mandato “los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo”, ha aseverado la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Peña Nieto, de 54 años y residente en España, habría cometido los ilícitos “utilizando como instrumento” a dos altos cargos que lo acompañaron desde la campaña electoral para llegar a la Presidencia.

A las acusaciones también se suma a Luis Videgaray Caso, ex titular de Hacienda y Exteriores, que reside ahora en Estados Unidos, y Emilio Lozoya Austin, que fue director de la estatal Petróleos Mexicanos, detenido en España en febrero de este año y extraditado a México.

Según el texto de la Fiscalía, el expresidente “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, aprobada en diciembre de 2013.

El delito de cohecho se habría cometido cuando, por supuestas órdenes de Peña Nieto, Videgaray distribuyó “a través de interpósitas personas” 121.5 millones de pesos, entre legisladores del Congreso.

Los destinatarios habrían sido un legislador del PRI, David Penchyna, y tres del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya.

Los gerentes de Odebrecht declararon a la Fiscalía de Brasil, bajo la figura de “delación premiada” para aminorar sus penas, acerca del pago de 10,5 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto en 2012, y la obtención de contratos con la petrolera estatal Pemex cuando se convirtió en presidente.