En México los hombres desaparecen 50 por ciento más que las mujeres, en un rango de 18 a 29 años de edad; en el caso de ellas, la privación de la libertad ocurre principalmente en adolescentes de 12 a 17 años, señaló Erick Tagle López, profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.  

“Esta situación nos lleva a pensar que estas desapariciones se podrían deber a un vínculo con redes de trata de personas, en el caso de las mujeres, y con respecto a los varones son más bien ejecuciones sumarias o desapariciones, pero aún no se tiene conocimiento si son forzadas (por parte del Estado) o involuntarias (por un particular)”, señaló el experto, al reflexionar estos fenómenos en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

El académico de la Licenciatura en Criminología recalcó que la dignidad es el eje rector de los derechos humanos; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que múltiples gobiernos tratan indignamente a los familiares de las victimas desaparecidas.

“Esto en el sentido de que no los apoyan con la búsqueda y rastreo, no protegen a los testigos, no realizan investigaciones, ni tienen la atención de generar un memorial para las víctimas, es decir, no les dan importancia”,

Aseveró que este derecho a la verdad es un llamado a proteger a poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad contra las desapariciones forzadas en contextos de conflictos armados (derecho humanitario), ejecuciones sumarias, desapariciones involuntarias, secuestro y tortura.   

De igual forma, remarca la protección hacia los familiares de las víctimas, quienes a su vez son víctimas secundarias y tienen derecho a conocer las circunstancias, quienes participaron en los actos, las motivaciones, evolución, resultado de las investigaciones, así como el destino de las personas desaparecidas, ya sea que se les halle con o sin vida.

Este derecho se ha ampliado en general a países que no tienen conflictos armados abiertos, pero en donde existe el debilitamiento de las instituciones, además de que se busca también rendir tributo a quienes han dedicado su vida a promover los derechos humanos y a quienes la perdieron por este motivo, como Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980.

Contexto nacional

El investigador, quien es Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, dio a conocer que en México ya se implementó un Sistema Nacional de Búsqueda, el cual es la instancia más importante del país y está conformado por nueve instituciones del más alto nivel:  la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Guardia Nacional y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad.

Sin embargo, este sistema todavía opera de forma incipiente, por lo que en nuestro país existe una dificultad para contar con bases de datos plenamente confiables. Ante ello, subrayó que es necesario mejorar cinco aspectos para que se optimice tanto el rastreo como la identificación de las víctimas.

El primer punto es el fortalecimiento de la identidad digital de las personas desaparecidas, para generar una primera base de datos; el segundo punto es la identificación forense de los cuerpos, para lo cual son necesarios antropólogos físicos que trabajen de la mano con médicos especialistas en la identificación de restos humanos, sobre todo por la enorme cantidad de fosas clandestinas que se han encontrado.

El tercer aspecto es reiterar la prohibición de incinerar los cuerpos de personas no identificadas o no reclamadas, ya que es importante para realizar la necropsia, así como para hacer la conexión con diferentes casos. El cuarto es el fortalecimiento de las bases de datos, con respecto a las personas desaparecidas que siguen sin ser localizadas, las personas localizadas con vida y las localizadas sin vida.

El último punto es la contratación de determinados perfiles, principalmente geógrafos, criminólogos y victimológicos, para hacer los análisis de la perfilación de las víctimas, por sexo, edad y lugar de residencia.

Finalmente, consideró que es necesario conocer la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la existencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, ya que su desconocimiento también dificulta tener cifras precisas, al no existir un seguimiento.