En conferencia de prensa, el funcionario pidió no estigmatizar a los comerciantes en vía pública y “dejar de ser clasistas ya que salen a ganarse un sustento diario, porque estas prácticas son herencias de un sistema político y económico con falta de oportunidades para generar un bienestar social y que hoy muchos de ellos son víctimas del coyotaje, un ejercicio de abuso por parte de liderazgos que los observan como clientes”.
Por ello, la Segom ha realizado 50 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presunta asociación delictuosa, resistencia de particulares, lesiones y robo, derivado de operativos realizados en el Centro Histórico.
Acompañado por Iván Camacho, regidor presidente de la Comisión de Gobernación y Justicia; José Tlachi Meneses, coordinador general de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; y Jesús Duque Visconti, director de Desarrollo Político de la Segom, resaltó que, para la administración local quienes dedican al comercio en vía pública son personas y, por lo tanto, las normas se aplican con respeto a los derechos humanos, lo cual no implica una carta abierta para instalarse.
Aseguró que este tipo de comercio se debe regular y ordenar como lo marcan las normas municipales, a través del diálogo en atención a sus necesidades y de la ciudadanía en general.
En torno a la actividad comercial en esta modalidad, se han recibido reportes por parte de líderes empresariales, locatarios y líderes políticos sobre irregularidades en vía pública, pero en ningún caso señalamientos específicos, por lo tanto, el encargado de la dependencia pidió que se hagan las denuncias correspondientes a través de redes sociales con datos específicos y, en un máximo de 48 horas, se dará respuesta por parte de la dependencia.
En el combate a la corrupción, los departamentos que se encargan del ordenamiento en vía pública se han uniformado para identificarlos fácilmente, además se han desarrollado los protocolos con los que deben proceder y que se debe seguir sin excepción; en caso de omitirlos, los servidores públicos serán objeto de investigación. En lo que va de la administración, se han dado de baja a 33.
De igual forma, se han transformado las Guardias Ciudadanas con rotación de personal y áreas para reducir las malas prácticas en apoyo y resolución de ordenamiento en la vía pública. También se capacita constantemente al personal en materia de Derechos Humanos y contención psicológica para que desempeñen en mejores condiciones sus tareas.
Así, el Gobierno Municipal se pronuncia por una política incluyente, observable en una actividad económica legal con libre competencia y oportunidades para todas las personas, que integre a quienes no tienen las mismas oportunidades, “por lo tanto, piso parejo ante la norma, sí, regulación ante el Ayuntamiento, sí, pero piso parejo para excluir y estigmatizar a comerciantes, no”, concluyó Sánchez Galindo.
