Las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobaron, por unanimidad, reformas al Código Penal para sancionar a las personas servidoras públicas que sean omisas en la vigilancia y exigencia de los requisitos en establecimientos de venta de alcohol.

En sesión de la Comisión que presidió el diputado Eduardo Castillo López, fueron avaladas las reformas al primer y segundo párrafo del artículo 199 Sexies, y la adición de un cuarto párrafo también al artículo 199 Sexies del Código Penal.

Con las modificaciones aprobadas, en el primer párrafo del artículo 199 Sexies se precisa que se aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización al propietario o titular del establecimiento de distribuya bebidas alcohólicas sin licencia o el permiso correspondiente.

La reforma al segundo párrafo del artículo 199 Sexies especifica que se aplicará una sanción de dos meses a dos años y multa de 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización a quien distribuya bebidas alcohólicas y no cuente con licencia o permiso otorgado por la autoridad competente.

En tanto, con la adición al cuarto párrafo se establece que se sancionará con tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 Unidades de Medida y Actualización a la persona funcionaria pública que, obligada por Ley a vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas en los comercios de venta de bebidas alcohólicas y que por su omisión o ausencia de respuesta a los reportes hechos por los ciudadanos de la existencia de presuntos comercios sin la autorización legal, omita la exigencia de los requisitos.

Antes de aprobar este punto del orden del día, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia propuso una modificación al dictamen, ya que originalmente no contemplaba lenguaje incluyente.

En tanto, la diputada Yolanda Gámez Mendoza señaló que es necesario que se vigile el cumplimiento de la norma para prevenir el consumo de alcohol, sobre todo en jóvenes. Mientras, el diputado Jorge Estefan Chidiac destacó la relevancia de la iniciativa, que tiene como objetivo principal evitar que las autoridades sean omisas.

Por su parte, el diputado promovente de la iniciativa, Eduardo Alcántara Montiel hizo un recuento de los hechos que motivaron la presentación de la propuesta legislativa, además, destacó que esta reforma será un mecanismo para sancionar a las autoridades municipales que sean omisas en la vigilancia y verificación de la norma en cuanto a la venta de alcohol.

En otro punto del orden del día, las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia también aprobaron por unanimidad el dictamen a través del cual se adicionan las fracciones XXIV Bis y XXIV Ter del artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla para establecer una agravante del delito de robo.

A partir de la iniciativa presentada por la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, el dictamen señala que se considerará agravante del delito de robo, cuando se trate de un vehículo no motorizado o motorizado, cuyo motor sea de baja potencia no susceptible de alcanzar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora para el desplazamiento de una persona que, por sus condiciones de salud o física, le sea indispensable para movilizarse; los mismo aplicará cuando la víctima lo utilice como medio de transporte o herramienta de trabajo.

Al respecto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia felicitó a la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, pues ha tenido una agenda clara en materia de movilidad y la iniciativa representa un acierto para avanzar en este rubro.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las y los diputados Eduardo Castillo López, Mariano Hernández Reyes, Fernando Sánchez Sasia, Jorge Estefan Chidiac, Eduardo Alcántara Montiel, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Yolanda Gámez Mendoza y Guadalupe Leal Rodríguez.