La nueva norma, que fue aprobada por la mayoría opositora, amplió el plazo para la realización de elecciones y establece las competencias que tendría un eventual gobierno de transición. En ésta se ordena que las elecciones presidenciales se lleven a cabo tan pronto como las condiciones lo permitan en un plazo máximo de 12 meses después de la instalación del gobierno de transición y tras la designación de nuevos miembros de los otros poderes. También contempla escoger un nuevo organismo electoral que garanticen comicios libres y justos.
Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero argumentando que Maduro asumió su segundo mandato de seis años tras unos comicios que muchos consideraron ilegítimos. Maduro sostiene que fue elegido en elecciones libres y acusa a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la mayoría de los países latinoamericanos de orquestar un golpe de Estado.
Los legisladores opositores además plantearon la necesidad de que se instale un nuevo Consejo Nacional Electoral, actualmente integrado cinco directores de los cuales cuatro son vistos por muchos venezolanos como parciales al gobierno; se debe "depurar el sistema electoral" y permitir que tanto los nuevos electores como los adversarios políticos del gobierno, que fueron inhabilitados para postularse en cargos de elección popular, se inscriban sin obstáculos.
Juan Matheus, diputado del partido opositor Primero Justicia, explicó que "una vez cesada la usurpación", el presidente de la Asamblea Nacional será plenamente el presidente encargado y será entonces cuando se tenga la certeza "sobre la convocatoria a elecciones", entre otros temas.
El debate en la Asamblea Nacional se produjo un día después de que más de dos decenas de países de la Unión Europea, encabezados por Alemania, España, Francia y Gran Bretaña, apoyaran públicamente a Guaidó luego de que el domingo expirara el ultimátum dado a Maduro para convocar elecciones presidenciales. Guaidó cuenta con el respaldo de otros países de esa región, incluidas naciones que no pertenecen a la Unión Europea como Kosovo, Macedonia, Islandia y Albania.
Maduro ha rechazado lo anterior y anunció en un comunicado que someterá a revisión las relaciones con esos países.
Desde Latinoamérica, la presión contra el gobierno venezolano tampoco cede. El martes por la tarde, el presidente colombiano Iván Duque destacó durante un encuentro con empresarios que las ventajas de tener elecciones en Venezuela no sólo beneficiarían a ese país, sino también al suyo.
“Si retornan la democracia y la esperanza a Venezuela, se abrirá un mercado de más de 7 mil millones de dólares que Colombia perdió por cuenta de los estragos de la tiranía”, aseguró. “Haré todo lo que esté en mi poder para poder lograr esa transición, que va a beneficiar a Colombia y al sector industrial y al sector de calzado y al sector de la industria fronteriza en nuestro país”.
La Asamblea Nacional también discutió el ingreso de ayuda humanitaria al país.
El Legislativo se prepara para recibir los primeros envíos de ayuda que entrarán por la ciudad colombiana de Cúcuta y por la frontera con Brasil ante el rechazo de Maduro y del Tribunal Supremo de Justica. El máximo tribunal, controlado por el gobierno, declaró que la iniciativa de los legisladores opositores de admitir ayuda internacional va contra las leyes y la constitución.
Los primeros envíos entrarán por la ciudad colombiana de Cúcuta y por la frontera con Brasil a pesar del rechazo de Maduro y del Tribunal Supremo de Justica, organismo que alega que admitir ayuda internacional va contra la constitución.
Con información de elfinanciero.com.mx
